Con la aprobación de una Ley autonómica y la elaboración de un futuro Plan Integral, Cantabria tiene una ocasión histórica para impulsar un ámbito –el de las Políticas juveniles– con 20 años de retraso frente a otras comunidades punteras. Pero ambas iniciativas corren el riesgo de quedarse en meras declaraciones de buenas intenciones si no se dotan de contenido y recursos. O si no parten de un convencimiento político compartido: que el Gobierno las impulse con decisión y que la oposición no las instrumentalice como arma política.
A diferencia de otras políticas sociales, las juveniles han ocupado tradicionalmente una posición marginal dentro de la administración pública, con escasos recursos, visibilidad y capacidad de influencia. Por diversos motivos, como serían: la mayor capacidad de organización y presión política de otros colectivos sociales; la persistente distancia y desconfianza mutua entre el mundo juvenil y las instituciones adultas (lo que dificulta tanto el diseño de políticas ajustadas a su realidad como la participación de los propios jóvenes en ellas); sin olvidar el 'familiarismo' del modelo de bienestar español, que prioriza las ayudas al cabeza de familia en lugar de fomentar la autonomía de los hijos.
Desde ciertos sectores, se cuestiona incluso la necesidad de estas políticas, obligando a quienes trabajamos en juventud a justificar constantemente su existencia. Ejercemos una labor de mediación entre el mundo institucional y el juvenil, pero con frecuencia padecemos el 'síndrome de Lawrence de Arabia': la sensación de estar entre dos tierras, incomprendidos y sin pertenecer plenamente a ninguna.
Tradicionalmente, la juventud es percibida en muchos discursos públicos como un problema social. Sin embargo, los jóvenes no son un problema: tienen problemas. Problemas y necesidades que requieren respuestas públicas, específicas e integrales.
Pero los temas que llegan a la agenda política no siempre son los más relevantes para su bienestar, sino aquellos que generan mayor alarma social. El botellón, la violencia juvenil, los 'ni-ni', los 'mena' o determinadas subculturas –como los actuales Therian–, tienden a ocupar el debate desde enfoques cargados de prejuicios. Estos episodios de 'pánico mediático' pueden activar la atención institucional, pero también distorsionan las prioridades y expectativas.
En este contexto, las políticas juveniles dependen, en gran medida, de la visión que se tenga de la propia juventud. Hoy estamos ante una juventud prolongada y presa de la incertidumbre: precariedad laboral, retraso emancipatorio, crisis globales –económicas, bélicas y sanitarias– y transformaciones tecnológicas aceleradas. Un escenario que puede derivar en nuevas formas de conflicto generacional, comportamientos anómicos o en una mayor vulnerabilidad psicológica. Frente a la etiqueta simplificadora de los 'ni-ni', propongo la de 'Generación IN-IN': indignada ante su incertidumbre, invisibilidad, insatisfacción e inestabilidad socioeconómica. Pero también innovadora, inquieta, internauta, inconformista, inclusiva e ingeniosa.
Una generación que, ante las dificultades para construir su proyecto vital en los ámbitos educativo y laboral, refuerza el papel del grupo de iguales y del tiempo de ocio, como espacios de socialización e identidad, al margen del control adulto y vinculados a las nuevas tecnologías, mundo que perciben como propio y en el que sí se sienten protagonistas.
En esos espacios emergen tanto oportunidades como riesgos. Por un lado, iniciativas empoderadoras como el ciberactivismo, los nuevos movimientos juveniles –15M, Friday for Future, movilización por la dana…– o la búsqueda de formas de ocio menos rutinarias y consumistas. Por otro, fenómenos preocupantes como el 'binge drinking', las adicciones tecnológicas, el ciberacoso o la atracción por discursos extremistas.
La necesidad de políticas específicas para jóvenes responde a una exclusión estructural. Ruiz Olabuénaga habla de 'juventud liberta': con más derechos que nunca, aunque esclavizados al paro y al soporte familiar.
Pero también responde a necesidades propias de su condición juvenil: espacios de encuentro, construcción de identidad, hábitos de ocio y gestión de riesgos, información y orientación, participación y autonomía, movilidad al extranjero…
Hacer políticas de juventud es mucho más que organizar actividades. Es facilitar trayectorias de vida y también ayudar a vivir más plenamente su condición juvenil actual. Es definir qué lugar ocupa la juventud en nuestra sociedad y qué papel le otorgamos en el futuro colectivo.
Cantabria tiene ahora la oportunidad de decidir si quiere situarla en el centro de su proyecto o seguir relegándola a los márgenes. Aprovecharla –o no– marcará el tipo de sociedad que estamos construyendo.